De acuerdo con lo establecido en la Ley 1757 de 2015, el control social es el derecho y el deber que tienen todos los ciudadanos a participar de manera individual o a través de organizaciones, redes e instituciones, en la vigilancia de la gestión pública y sus resultados, para la correcta utilización de los recursos y bienes públicos.

Para establecer el control social, se han promovido instancias de participación como las veedurías ciudadanas de la Pavimentación de la vía entre el caño San Miguel y el caño Duya, cuyo fin es ejercer vigilancia sobre la construcción de la obra de manera eficiente y oportuna, garantizando la cantidad y calidad de los materiales, velando para que la calidad de la obra sea la más adecuada y permita una mejor transitabilidad desde Orocué hacia Yopal y viceversa.